Por: Carlos Ignacio Cuervo

La salud en Colombia enfrenta hoy una encrucijada que ya no admite más postergaciones. Un reciente informe advierte que 315 hospitales públicos —cerca del 34 % de la red hospitalaria— requieren medidas financieras extraordinarias para seguir operando; la deuda del sistema supera los $14,6 billones y una parte importante de esa cartera lleva más de un año vencida. Estos no son números lejanos: son salas de espera, intervenciones aplazadas y personal exhausto.

Paralelamente, la acumulación de deudas del sistema de aseguramiento —que alcanza cifras multimillonarias— compromete la capacidad operativa de clínicas y hospitales y concentra el riesgo en unas pocas EPS. La deuda agregada del sector y el alto grado de mora evidencian un modelo de intermediación que hoy falla en garantizar el derecho a la salud.

En lo normativo hay bases sólidas: la Ley Estatutaria 1751 de 2015 consagra la salud como derecho fundamental y obliga al Estado a garantizarla; la Ley 1616 de 2013 puso en la agenda la salud mental; y en 2025 la legislación se actualizó con la Ley 2460, que refuerza el enfoque integral, la prevención y la atención territorial en salud mental. El problema no es la ausencia de leyes, sino su incumplimiento y la débil ejecución presupuestal.

¿Qué está fallando?

1. Financiación y flujo de recursos: las deudas atrasadas con hospitales impiden compras, mantenimiento e insumos.
2. Intermediación ineficiente: el modelo actual ha dejado a EPS con niveles críticos de morosidad que trasladan la crisis al servicio.
3. Brecha en salud mental y cuidadores: existe normativa, pero faltan presupuestos, profesionales y programas territoriales que implementen prevención y atención continua.
4. Débil control y transparencia: hay normas pero poca rendición de cuentas sobre ejecución, destinos de recursos y sanciones por incumplimiento.

Mi propuesta articula medidas inmediatas, reformas estructurales y un cambio cultural de política pública, para sanar desde la experiencia técnica y la acción política.

1. Control político con indicadores públicos. Crear indicadores de cumplimiento aplicables a EPS y ESE, con reportes trimestrales y mecanismos de sanción cuando no entreguen servicios o no paguen a tiempo a los proveedores.
2. Priorizar presupuesto para salud mental y cuidadores. Implementar la Ley 2460 con una subcuenta presupuestal nacional, fortalecer la formación de profesionales (psiquiatría, psicología, trabajo social) y crear redes de apoyo y subsidios dirigidos a cuidadores familiares.
3. Recuperar la capacidad operativa de la red pública. Fondo de salvamento temporal condicionado a planes de saneamiento financiero de las ESE y auditorías públicas sobre el uso de recursos.
4. Reformar la intermediación. Introducir criterios vinculantes de solvencia para EPS, mecanismos rápidos de pago a los hospitales y medidas para evitar la concentración del riesgo en pocas aseguradoras.
5. Atención primaria y prevención territorial. Potenciar la Atención Primaria en Salud con brigadas, telemedicina y programas escolares de educación emocional: prevenir sale mucho más barato que curar.
6. Transparencia y participación ciudadana. Veedurías locales y un portal público que muestre en tiempo real indicadores de camas, citas, mora por EPS y cumplimiento de leyes.

La salud debe ser el eje de una política que ponga la vida en primer lugar. No se trata solo de atender una enfermedad: es asegurar condiciones para vivir con dignidad, prevenir el sufrimiento y proteger a quienes sostienen la vida —familias, cuidadores y trabajadores de la salud. Mi experiencia como médico y gestor me dice que la técnica sin voluntad política no alcanza; y la política sin experiencia no cura. Por eso propongo traducir la ley en hechos: presupuesto, control y presencia territorial. Sanar el sistema es posible si decidimos actuar con urgencia, transparencia y humanidad. Eso implica decisiones difíciles, sí, pero necesarias: priorizar la vida sobre los intereses financieros, modernizar la gestión y devolver la salud a quienes la necesitan hoy.
Porque gobernar también es cuidar. Y cuidar es la forma más concreta de servir.