Por: Rodrigo Patiño
La internacionalización se ha convertido en un pilar esencial para el crecimiento sostenible de cualquier economía moderna. En un mundo interconectado, donde los mercados compiten globalmente y las cadenas de valor se distribuyen entre múltiples países, abrirse al exterior ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Para que las empresas puedan dar este salto con confianza, es fundamental que existan condiciones sólidas que brinden estabilidad y garantías suficientes tanto a los empresarios locales como a los inversionistas extranjeros.
La libre empresa juega un papel decisivo en este proceso. Cuando un país promueve un entorno donde las compañías pueden desarrollarse sin trabas excesivas y donde se innove en igualdad de condiciones, se generan oportunidades que fortalecen la economía y dinamizan el empleo. Sin embargo, este modelo solo funciona plenamente cuando existen reglas del juego claras. La claridad normativa evita interpretaciones discrecionales, reduce la incertidumbre y permite que los proyectos empresariales se planifiquen a largo plazo.
La seguridad jurídica se convierte entonces en el principal puente entre el empresario y el Estado. No se trata únicamente de tener leyes escritas, sino de garantizar que estas se apliquen de manera coherente, transparente y estable en el tiempo. Un país que cambia sus reglas frecuentemente, que sanciona sin criterios o que no distingue el error de fraude termina ahuyentando inversiones incluso si poseen un gran potencial económico.
En el mundo empresarial, las entidades de control cumplen un papel muy relevante. No basta con que existan: deben ser modernas, eficientes y digitalizadas. Un sistema de supervisión que use tecnología para agilizar trámites, automatizar revisiones y reducir la discrecionalidad no solo mejora la transparencia, sino que disminuye la carga regulatoria sobre las empresas. Cuando el control se ejerce desde la prevención y no desde la sanción como primera respuesta, se construye una relación más sana entre el sector empresarial y el Estado. Los empresarios necesitan sentirse respaldados, no perseguidos.
Motivar al inversionista, ya sea local o extranjero, exige un enfoque equilibrado que involucre estímulos reales. Esto implica simplificar procesos, eliminar barreras innecesarias, promover la digitalización integral del Estado y asegurar que los organismos de control se conviertan en aliados del desarrollo y no en obstáculos. Un país que entiende que el empresario es un generador de empleo, innovación y bienestar social, diseña políticas orientadas a protegerlo, motivarlo y permitirle competir globalmente.
La internacionalización florece allí donde hay libertad económica, institucionalidad robusta y un entorno que premie el esfuerzo productivo. Solo así se construye una economía abierta, dinámica y capaz de atraer las inversiones que impulsan el progreso.
